Este martes, los reguladores federales acusaron a Bank of America de perjudicar a sus clientes a través del cobro doble de comisiones, retención de recompensas de tarjetas de crédito y apertura de cuentas falsas. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) ordenó al banco pagar más de $100 millones a los clientes y $90 millones en penalizaciones, mientras que la Oficina del Interventor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) impuso una multa de $60 millones a Bank of America.
Las acusaciones presentadas son similares al escándalo de Wells Fargo en la década pasada, que involucró la apertura de millones de cuentas bancarias sin autorización de los clientes.
Rohit Chopra, director de la CFPB, declaró que Bank of America retenía indebidamente las recompensas de tarjetas de crédito, duplicaba las comisiones y abría cuentas sin consentimiento, lo cual es ilegal y socava la confianza de los clientes. Chopra afirmó que la CFPB tomará medidas para poner fin a estas prácticas en todo el sistema bancario.
Bank of America no ha respondido de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Las violaciones descubiertas por la CFPB y la OCC indican que Bank of America perjudicó a cientos de miles de consumidores a través de múltiples productos y servicios durante varios años. Entre las violaciones, se encontró que el banco cobraba repetidamente comisiones por la misma transacción, resultando en cobros de millones de dólares en comisiones por transacciones reenviadas. Además, se retuvieron ilegalmente las bonificaciones prometidas a decenas de miles de clientes de tarjetas de crédito y se abrieron cuentas sin el conocimiento o la autorización de los consumidores.
Como resultado de estas infracciones, Bank of America deberá pagar más de $250 millones en total a las agencias reguladoras y a los clientes perjudicados. Cabe destacar que esta no es la primera vez que el banco enfrenta multas regulatorias. En 2014, la CFPB le ordenó pagar $727 millones en indemnizaciones a los consumidores por prácticas ilegales relacionadas con tarjetas de crédito. Además, el año pasado se le impuso una multa civil de $10 millones por embargos ilegales y se le ordenó pagar $225 millones a los consumidores debido a fallos en la entrega de beneficios estatales por desempleo durante el pico de la pandemia de COVID-19.