En un nuevo avance para las negociaciones de paz en Colombia, el Gobierno, encabezado por el presidente de tendencia izquierdista Gustavo Petro, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han anunciado la interrupción de las operaciones militares agresivas a partir del jueves 6 de julio.
Esta medida ya había sido comunicada el martes, cuando el ELN dio instrucciones a sus miembros para detener toda actividad militar ofensiva y operaciones de inteligencia dirigidas a las fuerzas armadas y la policía. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que el Gobierno emitirá rápidamente un decreto que formalizará la suspensión de acciones ofensivas.
Este anuncio marca el fin de los enfrentamientos armados previos al inicio del alto al fuego bilateral de seis meses, negociado el 9 de junio en La Habana y programado para comenzar el próximo mes. El cese de hostilidades, supervisado por la ONU, tiene como objetivo poner fin a los crímenes contra civiles y funcionarios, incluyendo los secuestros.
Su principal propósito es tranquilizar la complicada situación en el terreno, lo que permitirá una próxima reunión entre el Gobierno y los representantes de la guerrilla en un ambiente más pacífico. La fecha prevista para esta reunión es el 14 de agosto, es decir, pocos días después de la formalización del alto al fuego bilateral.
A pesar del anuncio del alto el fuego, su implementación ha enfrentado dificultades desde el principio. En efecto, la complejidad de la situación en el terreno se refleja en la persistencia de ataques y secuestros llevados a cabo en nombre de la guerrilla del ELN.
El miércoles 5 de julio, un padre denunció el secuestro de una sargento y sus dos hijos menores en el departamento de Arauca, ubicado al este del país, cerca de la frontera con Venezuela.
Ante este preocupante suceso, varios organismos han expresado su postura. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha instado al grupo armado a pronunciarse y a liberar a las víctimas en caso de ser responsables de su secuestro. Por su parte, el ministro de Defensa, Velásquez, ha señalado las «inconsistencias» del grupo armado, haciendo hincapié en que es imposible hablar de paz mientras se perpetra el secuestro de una madre y sus hijos. El presidente del Senado, Alexander López, ha sido aún más directo en sus declaraciones, manifestando la «fatiga» del país ante los mensajes «contradictorios» y calificando la guerra (del ELN) como «absurda».
Los recientes acontecimientos han generado dudas sobre la implementación efectiva del alto el fuego. El grupo armado, por su parte, se mantiene cauteloso y en estado de alerta. Ha ordenado a sus tropas que mantengan activos todos los mecanismos de defensa en caso de ataques por parte de las fuerzas gubernamentales.
A finales de junio, el Ejército colombiano llevó a cabo una operación en el departamento de Arauca, resultando en la muerte de seis combatientes del ELN. Desde entonces, su líder, Antonio García, ha advertido que el Ejército colabora estrechamente con los paramilitares del grupo Clan del Golfo. Según García, militares y paramilitares llevan a cabo acciones conjuntas en regiones clave como el departamento del Chocó, ubicado en el noroeste del país. Estas acusaciones han llevado a una facción del ELN en esta zona a declarar un «paro armado», es decir, un conjunto de acciones militares.